19 de noviembre de 2017

Aunque solo sea un lector

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

El miércoles de la semana pasada, o sea el 8 de noviembre, varios lectores de mis artículos en El Adelantado de Segovia me preguntaron si había puesto punto final a mi colaboración en este periódico, pues ese día no aparecía mi columna en la sección de Opinión. La directora me había informado previamente que, por razones de reorganización de las colaboraciones, trasladaban mis artículos a los sábados.
¿Que el fin de semana podré contar con más lectores potenciales? Es posible. Pero en esto de los seguidores de mis escritos periodísticos nunca se sabe.
Cuando en alguna ocasión me habían entrevistado en un programa de televisión, a la mañana siguiente los vecinos con los que me cruzaba en la calle me comentaban sin excepción:
–Anoche te vimos en la tele.
El eco que me llega de mis artículos en El Adelantado y de mis libros es menor, aunque tal vez tenga más valor.
En cualquier caso, mientras las fuerzas físicas y la lucidez mental me lo permitan, seguiré aprovechando la privilegiada tribuna que nuestro diario me brinda en la tercera página, desde el 26 de abril de 2006, fecha en la que se publicó mi primer artículo. Gracias, querida directora Teresa.
El mencionado artículo se titulaba “El laísmo y la claridad” y trataba de explicar, en tono de humor, en qué consiste el leísmo, a saber, la utilización del pronombre ‘le’ en lugar del más correcto ‘lo’ cuando se refiere a personas en función de complemento directo. La mayoría de los hispanohablantes de Iberoamérica utilizan correctamente ‘lo’ en vez de ‘le’, aunque ‘le’ esté admitido cuando, como digo, hace referencia a personas. No sucede lo mismo con el laísmo, o sea, el uso del pronombre ‘la’ en función de complemento indirecto: “La dije (a ella)…”. Mal. Lo ortodoxo es “Le dije…”, aunque nos dirijamos a una mujer. Pero –y aquí venía mi nota humorística–, al emplear ‘la’, queda claro que hablamos a una mujer, sin necesidad de añadir “a ella”.
–Alberto, no te esfuerces –me decía un docto amigo de San Rafael después de leer el artículo en cuestión–, la mayoría de los hablantes españoles no saben lo que es un complemento directo o indirecto.
Mis artículos llevan el encabezamiento genérico de “Las palabras y la vida”, y es verdad que, con frecuencia, abordo temas relacionados con el lenguaje, materia en la que, sin ser académico de la lengua, me considero suficientemente experto.
Porque a menudo se nos achaca a los periodistas y articulistas que nos atrevemos a tratar de los asuntos más variados sin estar en posesión de los títulos que acreditarían nuestra capacitación para hablar de política, de economía, de meteorología, de educación, de literatura y demás artes, de medicina y sanidad, etc.
A este reproche contesto que los articulistas no pretendemos sentar cátedra en cualquiera de las disciplinas de las que nos ocupamos, sino que nos limitamos a exponer nuestra opinión. “Opinión” se denomina la sección de El Adelantado en cuyas páginas escribo.
Y para justificar mi supuesta osadía, quiero hacer constar que un artículo mío, con una extensión de dos hojas DIN A4, exige por lo general un trabajo de documentación de muchas horas.
Cuando a mi padre, el periodista y escritor Francisco Javier Martín Abril, le preguntaban cuánto tiempo necesitaba para escribir un artículo solía responder: “Para redactarlo, un par de horas, pero para concebirlo, toda la vida”.
Vivir con las antenas extendidas para captar las ideas, las inquietudes, los problemas, las alegrías y las penas que experimentan quienes comparten con nosotros la andadura siempre apasionante de la existencia es un buen aval para dar validez a los escritos que publicamos los articulistas entre los que me cuento.
En marzo de este año inauguré en la Red un blog en el que cuelgo escritos míos y de otros autores, entre ellos mis artículos de El Adelantado, siempre después de publicados en el periódico para que este conserve la primicia. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas, el número de visitas a mi blog asciende a 2.564.
El artículo que usted, querido lector, tiene ante los ojos hace el número 599 de los publicados en El Adelantado.
La mayor satisfacción del escritor, mejor dicho, su razón de ser, es contar, aunque solo sea, con un lector. Y esto, en un tiempo en el que prima la ley del mínimo esfuerzo y en el que la imagen y la realidad virtual absorben las mentes de chicos y grandes, para quienes muchas veces la lectura resulta una tarea penosa.



13 de noviembre de 2017

Preservar la infancia

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

Queremos que nuestros hijos o nietos pequeños crezcan. Celebramos los avances que muestran en su desarrollo corporal, mental, afectivo. Los padres siguen con el mayor interés los aprendizajes que sus hijos llevan a cabo en el colegio. Les ayudan en los deberes que les mandan los profesores. Se preocupan si las notas que sacan no son satisfactorias, se alegran y los alaban cuando “progresan adecuadamente”.
¡Los niños tienen tanto que aprender: el habla, la lectura, la escritura, y progresivamente las demás asignaturas! Y lo que es más importante, como hoy subrayan todos los enfoques pedagógicos y educativos, deben adquirir las competencias que hagan posible el dominio de conocimientos y destrezas para que los estudiantes de hoy puedan el día de mañana integrarse en la sociedad, desempeñar una profesión o un oficio y encontrar un puesto de trabajo digno.
“¿Quién no ha visto alguna vez el brillo en los ojos de un niño cuando se le pregunta qué quiere ser de mayor? ¿Quién no recuerda la profesión con la que soñaba de niño? Por regla general, esas profesiones giran en torno a salvar vidas, realizar importantes avances científicos, luchar por la justicia, transmitir emociones a través del arte o educar a los niños del futuro”. Quien así se expresa en el editorial que abre la edición del Panorama de la educación 2017. Indicadores de la OCDE es Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cuando los pedagogos, psicólogos y otros expertos hablan de “preservar la infancia”, ¿se están oponiendo a este legítimo afán de los padres y de los mismos niños por madurar, por demostrar cómo aumentan sus saberes y habilidades?
Por supuesto que no. Lo que nos recomiendan a todos los que tratamos con niños es que no nos dejemos llevar por unos patrones de conducta que incitan a niños y niñas a adoptar prematuramente hábitos, formas de actuar y de vestirse propias de adultos.
En concursos de belleza como el de Miss Teen en Estados Unidos, adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años se muestran en biquini, peinadas y maquilladas como las modelos de más edad que ven y admiran en la televisión y en las pasarelas de moda. Y, como nos alertan educadores y estudiosos del comportamiento infantil, esta emulación de formas adultas de arreglarse y pintarse se ha extendido a edades inferiores, incluso desde los diez años. Niñas que se esfuerzan por parecer sexy, por gustar, dando una importancia desmedida a resultar bellas y atractivas. Los niños tampoco están libres del deseo de copiar modelos de famosos que airean los medios de comunicación, sobre todo televisivos, y la publicidad.
El inocente juego de disfrazarse con la ropa de mamá o de papá contrasta con el empeño de niños y adolescentes por dar a su apariencia física un superficial atractivo sexual, en una subversión de valores que desdeña los más elevados, como son la inteligencia, la creatividad, la amistad, la comunicación con los iguales.
La infancia es la reserva afectiva para ulteriores etapas de la vida, que a menudo pueden estar marcadas por la dura competencia, la soledad, los desengaños amorosos, la lucha por la subsistencia, la muerte o el abandono de seres queridos.
“Preservemos la niñez de nuestros hijos”, nos emplaza Félix López, catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca. Y propone que “desde la escuela se incluyan contenidos éticos en educación sexual” para que las relaciones afectivas y amorosas estén impregnadas de gozo y preparen el terreno a una madurez que llegará a su tiempo sin atajos.
Permitamos que los niños jueguen, que sean felices siendo niños.
Mi admirada poeta, filóloga y gran amiga Beatriz Villacañas nos deleitaba en un reciente recital con poemas de su último libro La voz que me despierta, como el dedicado “A un escritor llamado Frank”: “Fuiste aquel niño, Frank, que perseguía / de sombra a sombra al sol y a muchas luces, / empapado de lluvia cada día”.
 Sí, el niño que todos llevamos dentro “al dolor lo nutre de alegría”. Cuando las sombras se ciernan sobre nosotros, dejemos brillar las luces de la infancia.


2 de noviembre de 2017

Una República nonata

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

Al Gobierno de Mariano Rajoy se le ha reprochado, a menudo con razón, actuar tarde y a remolque de los hechos delictivos cometidos por los gobernantes y por el Parlamento de Cataluña. También se le ha acusado, en muchos casos con motivos justificados, de no tener medidas previstas ante lo que venían anunciando que harían los independentistas catalanes.
Sin embargo, el pasado día 27 de octubre, en cuanto el pleno del Senado dio luz verde a una aplicación, por cierto bastante limitada, del Artículo 155 de la Constitución Española, el presidente Rajoy y su gabinete, reunidos en un Consejo de Ministros extraordinario, salieron de su habitual parsimonia y tomaron con insólita rapidez una serie de decisiones que esa misma noche fueron publicadas en el BOE.
Claro que habían tenido tiempo más que sobrado para preparar la respuesta a la declaración unilateral de independencia, tantas veces anunciada y aplazada, que esa tarde habían ratificado en votación secreta unos parlamentarios acobardados ante las posibles consecuencias administrativas y penales que podía acarrearles su acción.
Consecuencias que, como digo, en esta ocasión no se han hecho esperar. Por de pronto, el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y los demás consejeros de la Generalidad han sido destituidos de sus cargos y funciones, y el Parlament ha sido disuelto.
Me lamentaba y extrañaba yo en mi artículo “¿Qué va a pasar en Cataluña?”, publicado el miércoles de la semana anterior en esta página de El Adelantado, de que los máximos responsables de la violación de las leyes vigentes siguieran libres y jactándose de hacer caso omiso de las sentencias del Tribunal Constitucional y de otras instancias judiciales. Porque el golpe de Estado había sido ya perpetrado por el Parlament en la aprobación de las leyes del Referéndum y de Transitoriedad los días 6 y 7 de septiembre. La celebración del anunciado Referéndum el 1 de octubre, aunque careciera de las mínimas garantías de validez jurídica y democrática, fue un paso más en ese golpe de Estado, que ninguna presunta mayoría ni supuesto mandato del pueblo catalán puede justificar, ni legalizar, ni legitimar.
Los mismos independentistas saben que la independencia no goza en Cataluña de un apoyo mayoritario, por más que se falseen las cifras de participación y de votos a favor de una República catalana independiente.
Pero lo más llamativo en la declaración de independencia por el Parlament es la insólita improvisación que denota tal acto parlamentario. ¿No llevan los gobernantes independentistas preparando la secesión durante años? Pues, siendo esto así, ¿cómo no habían previsto la reacción del Gobierno de la Nación y del Estado español?
Y con ser grave esta falta de previsión, desde su misma óptica separatista, aún mayor gravedad e irresponsabilidad entraña la ausencia de respuestas a múltiples cuestiones concretas para la puesta en marcha de una República catalana independizada de España. Se han hartado de afirmar que una Cataluña independiente seguiría dentro de la Unión Europea, cuando todas las autoridades de esta organización han afirmado reiteradamente lo contrario.
¿Cómo no habían contado con la fuga masiva de las principales empresas asentadas en Cataluña? ¿Cómo podrá la República catalana independiente financiarse sin las ayudas del Banco Central Europeo y del Fondo de Liquidez Autonómico español? ¿Qué moneda será de curso legal en la Cataluña independiente, una vez que no pueda circular el euro? ¿Qué organismo pagará las nóminas de los funcionarios, incluidos los mismos gobernantes y parlamentarios catalanes, en una República que está técnicamente en quiebra? ¿Quién abonará las pensiones a los jubilados, quién hará frente a los gastos de la Sanidad y la Educación? ¿Será la bandera oficial de la Cataluña independiente la señera o la estelada?
Sí hemos oído que siguen cantando como himno “nacional” Els Segadors, cuya letra a mí me parece terrible, pero no aprecié alegría ni entusiasmo en los parlamentarios y alcaldes independentistas que lo entonaron.
Todo ello me lleva a la conclusión de que ni los mismos independentistas se creían que la República catalana separada de España iba en serio. Tan poco en serio que su vida ha sido nonata.


26 de octubre de 2017

¿Qué va a pasar en Cataluña?

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

¿Qué va a pasar en Cataluña? Esta es la pregunta que en estos momentos cruciales nos hacemos muchos españoles, dentro y fuera de la Comunidad Autónoma catalana.
Una vez que el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha el Artículo 155 de la Constitución, presentando al Senado las medidas concretas para restablecer en Cataluña la legalidad y el orden constitucional, el panorama de lo que puede ocurrir en la Comunidad catalana aparece marcado por múltiples incógnitas.
En primer lugar, el Senado ha de aprobar las medidas propuestas por el Gobierno, lo que previsiblemente hará en el pleno del próximo 27 de octubre.
También está previsto que el hasta ahora presidente de la Generalidad, señor Puigdemont, pueda presentar ante el Senado, por sí mismo o por persona interpuesta, o por otro medio, las alegaciones que estime oportunas.
Los diecinueve folios del documento oficial que aprobó el Consejo de Ministros extraordinario reunido el sábado 21 de octubre incluyen una extensa y detallada justificación de la aplicación del Artículo 155, basada en el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de la Generalidad de las obligaciones fijadas en la Constitución y en el propio Estatuto de Autonomía. Siguen después las medidas acordadas para dicha aplicación. Tales medidas se pueden resumir en cinco puntos:
1. Destitución del presidente, del vicepresidente y de todos los consejeros del Gobierno catalán.
2. Convocatoria de elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.
3. Control por el Gobierno de la Nación sobre el Parlamento catalán para evitar nuevas violaciones de la Constitución y cualesquiera iniciativas contrarias a las medidas aprobadas por el Ejecutivo.
4. Se pone asimismo bajo control del Estado a la policía autonómica, a TV3 y la economía catalana.
5. Se garantiza el mantenimiento de la autonomía y del autogobierno catalanes.
Las reacciones al anuncio por Mariano Rajoy de las medidas acordadas por el Consejo de Ministros no se han hecho esperar. Mientras el PSOE y Ciudadanos han apoyado al Gobierno de España en su defensa de la Constitución y de la integridad territorial de la Nación, así como la convocatoria de elecciones autonómicas, el presidente Puigdemont, en el mensaje institucional transmitido por TV3, calificó las decisiones del Consejo de Ministros de “golpe” a Cataluña, propio del franquismo. Antes de este mensaje, Puigdemont, Junqueras y demás miembros del Gobierno de la Generalidad, así como la presidenta del Parlamento catalán, habían participado en una manifestación exigiendo la libertad de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural –en prisión preventiva investigados por un delito de sedición–, y reclamando a continuación la secesión de Cataluña.
Podemos y los partidos nacionalistas han tachado las medidas tomadas por el Gobierno de la Nación de golpe de Estado a la democracia.
En este clima de máxima tensión y de fractura de la sociedad entre las fuerzas políticas y los ciudadanos que defienden la Constitución y la legalidad democrática vigente, y los gobernantes, partidos y ciudadanos partidarios de la independencia, no resulta aventurado predecir que se reiteren las protestas callejeras de los separatistas con alteración del orden público y técnicas de kale borroka, buscando una intervención de las fuerzas de seguridad del Estado, que luego los independentistas presentarán ante la opinión pública internacional como represión violenta.
Por parte del Gobierno autonómico destituido y del Parlamento catalán bajo control del Estado cabe prever una declaración unilateral de independencia, así como resistencia al cese en sus funciones.
Los pacíficos manifestantes defensores de la unidad de España el 8 de octubre en las calles de Barcelona corearon gritos pidiendo “Puigdemont a prisión”. Y es que una parte muy numerosa de ciudadanos españoles no comprendemos que la Justicia aún no haya actuado contra los máximos responsables de la violación de las leyes vigentes, que siguen libres y jactándose de hacer caso omiso de las sentencias del Tribunal Constitucional y de otros tribunales.


19 de octubre de 2017

Palabras vacías

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

En el pleno del Parlamento catalán del pasado 10 de octubre, el presidente de esta Comunidad Autónoma proclamó solemnemente la independencia de Cataluña, para acto seguido pedir al Parlamento que suspendiera dicha independencia, con el fin de ofrecer diálogo al Gobierno español.
No es Carles Puigdemont el único político que recurre a este mantra del “diálogo” como solución mágica a cualquier problema. Y ay de aquel que se niegue al diálogo. Inmediatamente será tachado de intransigente, de inmovilista y, sobre todo, de antidemócrata. Pues, en el concepto de democracia que hoy predomina, la disposición a dialogar se considera uno de los fundamentos indiscutibles.
Sin embargo, el diálogo es una palabra vacía si no va acompañada de una precisión indispensable: diálogo sobre qué. Cuando los gobernantes independentistas insisten en que no darán marcha atrás en el proceso de constituir a Cataluña como un Estado independiente, ¿qué diálogo cabe con el presidente del Gobierno de España, que incurriría en la misma ilegalidad y en el mismo delito que Puigdemont, sus ministros y el Parlamento catalán, si aceptara una declaración de independencia contra la Constitución Española, que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español“ (Artículo 1), o sea no en una parte de este pueblo, y que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” (Artículo 2)?
Otra palabra vacía que la actual crisis política ha puesto de relieve es “votar”. Los independentistas catalanes se han hartado de acusar al Gobierno español de tratar de impedir que los catalanes ejercieran su derecho al voto en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y, como en el caso del diálogo, se acentúa el valor democrático de la acción de votar. Pues bien, votar sin más es un dicho vano si no se precisa cuál es el objeto del voto en cuestión. Y en el referéndum del 1-O la pregunta que se proponía a los votantes era inconstitucional: “Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república”.
“Libertad de expresión” constituye asimismo, en este caso no una palabra, sino una locución, carente de contenido, a menos que vaya acompañada de una necesaria acotación que marque los límites de este derecho fundamental del ser humano. Límites que vienen dados por los derechos de otras personas, que no es lícito vulnerar: nadie tiene libertad para injuriar a otro, para calumniarle, para incitar al odio, o para hacer apología del terrorismo y de la violencia…
Otra fórmula huera muy en boga entre los nacionalistas y quienes los apoyan es “el derecho a decidir”. También aquí se impone preguntar ¿decidir qué? Todos podemos tomar decisiones que nos conciernen a nosotros mismos, sobre lo que queremos y hacemos, y aun esto con múltiples limitaciones derivadas de nuestras carencias y de los condicionamientos del entorno natural y social. Pero ¿existe un derecho a decidir sobre los demás, sobre sus vidas y haciendas?
Claro que en realidad a lo que apunta esta expresión es al derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como “derecho de autodeterminación”. A saber, el derecho de un pueblo a decidir su forma de gobierno y a dotarse de las estructuras e instituciones sociales y económicas que la mayoría elija. Y suele apelarse a la Organización de las Naciones Unidas como máxima garante de este derecho, olvidando arteramente que la ONU tan solo lo reconoce a los pueblos colonizados o de cualquier otra forma sometidos, pero no a los que integran un Estado soberano y democrático como es España.
Dichos vanos, expresiones vacías. Como responde Hamlet a la pregunta de Polonio de qué estaba leyendo: “Palabras, palabras, palabras”.

13 de octubre de 2017

Notas de viaje

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

Mientras el tren avanza a casi 300 kilómetros por hora, contemplo el paisaje árido que se me ofrece a través de la ventanilla. Me alegro de haberme dejado en casa el libro de relatos que tenía preparado para traerme y leer durante el viaje. No me capta la película de la pequeña pantalla en el techo del vagón, que además distingo con dificultad. Hemos salido mis hermanos y yo de la estación Madrid-Atocha en el AVE de las 11:30 con destino a Figueres-Vilafant, aunque nosotros nos bajaremos en Camp Tarragona.
En el asiento junto al mío, una mujer joven ha desplegado sobre la mesa toda una oficina transportable: el ordenador portátil, una tablet y el móvil, que interconecta con los otros aparatos, a la vez que se coloca en los oídos unos pequeños auriculares. Quiero decir que, a diferencia de lo que me ha ocurrido en otros viajes, no tengo ocasión de conversar con mi vecina de asiento.
Y me concentro en las impresiones y las ideas que me vienen a la mente, suscitadas por lo que ven mis ojos: grandes extensiones de tierras pardas y secas, pero que aparecen cuidadosamente aradas, aunque en todo el viaje no he divisado a un solo labrador ni un tractor.
Es la primera vez que utilizo el AVE a Cataluña, mientras que he viajado en el tren de alta velocidad varias veces a Córdoba. Soy de la opinión de que uno de los factores que más ha contribuido a la modernización y al desarrollo de España han sido las líneas del AVE, o de los trenes Alvia y Avant, así como la extraordinaria mejora de las redes de cercanías. Mientras los coches en autopistas no pueden superar los 120 km/h, el AVE más que duplica esta cifra en la mayor parte de su recorrido.
Antes de la primera parada, que será en Calatayud, recorremos campos de las provincias de Madrid y Guadalajara. ¿Qué se cultiva en tales tierras, como digo bien labradas? ¿Cereales, frutos secos, heno? No lo sé, ni importa a efectos de la reflexión que se me impone: en medio de tanta tecnología, de tanta mejora de los medios de locomoción y transporte, de la informática que permite entre otras muchas cosas trabajar en el tren, seguimos dependiendo de la agricultura, de la madre tierra que labran los trabajadores del sector primario. Solo he visto un rebaño de ovejas a la ida y otro en el viaje de vuelta. Alternan con las tierras de labor zonas pobladas de encinas, ese resistente árbol de hoja perenne que se presta a la ganadería de porcino en dehesas, que por estos pagos no me parece descubrir.
Más adelante, ya en la provincia de Zaragoza, nos saludan las enormes aspas de aerogeneradores y brillan al sol algunos terrenos cubiertos de paneles solares. Es decir, que resulta admirable que un país como España, que no ha sido bendecido por la riqueza en fuentes fósiles de energía como el petróleo y el gas natural, que tampoco cuenta con una industria pesada de consideración y que sufre largos períodos como el presente de sequía, ocupe el puesto decimocuarto de la economía mundial en función del PIB.
Pasan por mi observatorio circulante pueblos pequeños con grandes iglesias. Ya en la provincia de Lérida se suceden campos de regadío y plantaciones de frutales.
La estación del AVE en Tarragona se llama Camp Tarragona y, en efecto, está en medio del campo, como la de Guiomar en Segovia, pero a diferencia de esta se halla situada a 17 kilómetros de la estación de ferrocarril de la capital. El tren sigue a Barcelona y Gerona. O sea que Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene a sus provincias unidas por el AVE. Muchos catalanes son conscientes de la prosperidad que han conseguido estando unidos al resto de España. Y en Vilanova y la Geltrú, meta de nuestro viaje, solo divisamos en unos pocos balcones banderas esteladas. ¿Son tantos los partidarios de la independencia como pretenden hacernos creer las mentiras nacionalistas y un referendo ilegal y tramposo?
En Vilanova reside nuestro hermano mayor, que lucha desde hace doce años contra un cáncer de lengua. Conserva una cabeza lúcida y una asombrosa memoria. Su mujer le cuida con amorosa entrega, y sus hijos y nietos le acompañan con cariño en esta dolorosa etapa.
Así, la última nota de este viaje es triste. Pero no solo. Consigno la oportunidad de manifestar nuestro amor al hermano querido.


5 de octubre de 2017

La democracia y la ley de las mayorías

Las palabras y la vida
Alberto Martín Baró

¿Sabemos lo que ha ocurrido en Cataluña el 1-O? Si nos atenemos a las distintas versiones que de unos mismos hechos dan los independentistas y los constitucionalistas, la confusión está garantizada.
Pero desde que los días 6 y 7 del pasado mes de septiembre el Parlamento de Cataluña aprobó la convocatoria del Referéndum y la llamada Ley de Transitoriedad, en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional y del parecer de los mismos cuerpos juristas de la cámara legislativa autonómica, el Gobierno en pleno de la Generalidad está fuera de la ley.
Si, como el Gobierno de España ha proclamado repetidas veces, el Gobierno catalán ha cometido un golpe de Estado, ¿cómo es que sus miembros no han sido ya inhabilitados y detenidos?
Se ha invocado desde numerosas instancias la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española. Pero ¿qué dice expresamente este Artículo?
“1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”
La redacción de este Artículo es ambigua y no resuelve nada, pues no especifica cuáles pueden ser “las medidas necesarias” para obligar al cumplimiento de las leyes o para salvaguardar el interés general de la Nación.
Está claro que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha incumplido la principal obligación que todas las instituciones de España tienen impuesta, cual es preservar la unidad de la Nación, como reza, y aquí sí con meridiana claridad, el Artículo 2 de la Constitución. “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas”.
Por si hubiere alguna duda de que el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña ha violado este artículo de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional, garante e intérprete autorizado de nuestra Carta Magna, suspendió la convocatoria del referéndum catalán y la Ley de Transitoriedad.
Sin embargo, el Gobierno de la Nación no ha aplicado “las medidas necesarias” a que le autoriza el Artículo 155 de la Constitución para obligar a la Comunidad Autónoma de Cataluña al cumplimiento de la máxima ley que rige en toda España.
Se ha exigido al Gobierno de la Nación actuar con “proporcionalidad”. Pero ¿qué proporcionalidad cabe ante la violación flagrante de la Constitución, por no hablar de la comisión de otros delitos contemplados en el Código Penal vigente en España?
También se ha aconsejado al presidente del Gobierno y al partido que lo sustenta que dialoguen con los separatistas. ¿Qué diálogo cabe con quienes están empecinados en imponer su criterio sin ceder lo más mínimo en sus pretensiones de llevar adelante un referéndum sin garantías de ningún tipo y expresamente declarado ilegal por el Tribunal Constitucional?
El señor Puigdemont, su Gobierno y el Parlamento de Cataluña dan por supuesto que la mayoría del pueblo catalán quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república, cuando el referéndum ha carecido de las mínimas garantías que cualquier consulta de este tipo requiere.
Una de las exigencias fundamentales del sistema democrático radica en la ley de las mayorías. Supongamos que se reformara la Constitución y se permitiera un referéndum legal solo de Cataluña, ¿estamos seguros de que la mayoría del pueblo catalán desea un Estado independiente de España? Sin esa certeza, cualquier declaración unilateral de independencia es un atentado contra la democracia.